Directora de Conversatorio Judicial, Vania Boutaud, participa en el Primer Congreso Mundial sobre Razonamiento Probatorio «1st. Michele Taruffo Girona Evidence Week» que se realizó entre los días 23 y 27 de mayo en curso, en la ciudad de Girona, España.

Vania Boutaud es Jueza de Garantía y Master of Law (MLL) Magister en derecho público de la Universidad Católica de Chile y actualmente cursa un Master en Magistratura de Derecho Judicial en la Universidad Austral de Buenos Aires, además de otros cursos de especialización, quien expuso en el Workshop sobre «Investigación Criminal y Razonamiento Probatorio: dificultades probatorias ante menores-víctimas con discapacidad cognitiva y psíquica».
La actividad contó con la participación de más de 500 inscritos.
En la foto de la exposición donde estoy de Verde, hay que señalar.
Es necesario agregar respecto de mi PONENCIA
«Investigación Criminal y Razonamiento Probatorio: dificultades probatorias ante menores-víctimas con discapacidad cognitiva y psíquica».
El porcentaje de causas que llegan a Juicio Oral en el caso de menores con discapacidad cognitiva o psíquica víctimas de alguna agresión física o sexual es bajísima, debido a las serias deficiencias que se dan en materia investigativa, considerando los problemas reales que existen en materia probatoria. Lo primero que hay que relevar, es que la develación generalmente es tardía, y la posibilidad de comunicar lo que le pasa a un menor que tiene dificultades para hablar, expresar e incluso recordar lo sucedido genera un complejo escenario para poder contar con su testimonio. Como segundo punto, es que en la mayoría de los casos los agresores son personas muy cercanas, generalmente que están bajo su cuidado; lo que dificulta que estos niños, niñas y adolescentes puedan constatar lesiones, o sean objeto de una pericia médica.
De esta forma y a través del análisis de 7 casos que Vania Boutaud Mejías, pudo cuantificar los problemas probatorios que se dan en la mayoría de los casos de niños agredidos física o sexualmente.
«El tema que presenté en el Workshop de Investigación criminal y razonamiento probatorio en la Universidad de Girona cobra especial relevancia cuando son menores víctimas quienes tienen alguna discapacidad cognitiva o psíquica. En estos casos, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, son el grupo más vulnerable a mi juicio, ya que mayoritariamente sus agresores son las personas que los tienen a su cuidado o personas cercanas, donde hay confianza, y dependencia, pero además los menores tienen otras dificultades como: expresarse, no logran distinguir o reconocer su propio cuerpo de otro, a veces ni hablan o donde incluso sólo mueven sus manos para señalar alguna zona del mismo, muchas veces sin posibilidad de recordar o reconocer a su agresor; y es complejo, ya que en casos graves – como un abuso sexual – la develación es tardía y puede demorar años, sin que existan otros medios de prueba. Si bien, se pueden hacer pericias, ¿qué pasa cuando la pericia no es concluyente?; o en los casos de violencia intrafamiliar, si es su adulto responsable el agresor, muchas veces no hay más familia que se haga cargo del menor, ni curadores que los puedan representar en juicio, donde ni siquiera se les lleva a constatar lesiones. Para el caso de menores migrantes, el desamparo es mayor, ya que muchas veces no se cuenta con una red familiar. Es en estos casos, donde la investigación debe ser oportuna, el persecutor debe contar con prueba suficiente para sostener una imputación objetiva; sin embargo, la realidad es otra, toda vez que este tipo de ilícitos por lo general, no se cometen en lugares públicos, sino que en espacios cerrados, que están bajo el control del agresor/a, por lo que existe una cifra negra de casos que no se denuncian o causas que se archivan o en las que se comunica la decisión de no perseverar, por no contar con prueba suficiente para sostener una imputación, siendo un porcentaje muy inferior que llega a juicio y en los otros, más bien, se opta por un procedimiento abreviado. Finalmente, debo señalar que a todo lo dicho, hay que agregar el factor «pobreza», que está presente y es una constante en las causas que mayoritariamente se judicializan».
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